La única solución legítima es el respeto a las trabajadoras y la creación de medidas que permitan el ejercicio de su actividad con plena seguridad

La actuación policial del pasado 15 de noviembre no era una redada contra el proxenetismo sino algo muy diferente, era una razzia contra el trabajo sexual, en un barrio, El Raval, cuyas calles son objetivo numero 1 del Ayuntamiento de Barcelona desde la aprobación de la “ordenanza cívica”. El trabajo sexual, la inmigración o la pobreza en cualquiera de sus expresiones, han sido convertidos en enemigos del modelo de ciudad y, sobre todo, de un modelo de barrio concebido como aparador turístico.

La manera en que se llevó a cabo la operación como sus consecuencias, no hacen sino abundar en el descrédito y la criminalización pública y política de esta actividad, sin hacer ninguna distinción entre los explotadores sexuales y las trabajadoras. Eso sin olvidar el componente racista y lo que significa señalar a “las rumanas” como el último grito en problemas de orden público. Sea como sea, las declaraciones del alcalde, Jordi Hereu, aprovechando el momento para reclamar a prohibición de la prostitución en la calle, no dejan lugar a dudas sobre la comunidad de intereses políticos, policiales y mediáticos que ha existido en este caso.

El publireportaje con el que despertó el barrio aquel miércoles por la mañana era absolutamente innecesario, sobre todo si tenemos en cuenta la contradicción entre una instrucción judicial bajo secreto de sumario y una actuación policial bajo los focos y los flashes. En este sentido, el aparatoso y hollywoodiense despliegue de medios policiales, y la coordinación entre la prensa y el operativo, muestra como las cámaras y los fotógrafos, que estaban presentes en el lugar de los hechos desde el primer momento, eran tan importantes como cualquiera de los agentes que formaron parte del espectáculo.

De las 110 personas detenidas a lo largo del día, la mayoría eran mujeres que posteriormente saldrían de los calabozos policiales con una orden de expulsión además de sufrir, muchas de ellas, malos tratos durante el encierro, tal y como denunció la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia en una rueda de prensa celebrada posteriormente. A eso que hay que añadir la dificultad mas que probable para demostrar la práctica del proxenetismo. Una dificultad que aumenta sí tenemos en cuenta que las únicas personas que podrían prestar testimonio durante la instrucción judicial han recibido la orden de abandonar el país.

Las caceroladas contra la prostitución, que también han jugado su papel legitimador de la operación, no ayudan a resolver esta situación y sí a inflar la magnitud de las molestias que se puedan derivar del ejercicio del trabajo sexual a pié de calle. Es cierto que existe un cierto conflicto de convivencia en algunas zonas del barrio, pero con eso se mezclan los prejuicios colectivos respecto a esta actividad y una cuestión de imagen que tanto le gusta explotar a las autoridades. En cualquier caso, las molestias pueden resolverse fácilmente mediante el diálogo de los vecinos con las asociaciones que representan y defienden los intereses de las trabajadoras, y sin necesidad de someter a estas a una persecución pública.

Aún así, las perturbaciones o contrariedades que pueda generar la prostitución, siempre serán menores en comparación con problemas reales como la destrucción de infraestructuras de barrio, la opacidad institucional o la expulsión silenciosa de los vecinos por las diferentes caras de la violencia urbanística.

Por otro lado, la posición forofa y fanfarrona del presidente de la Associació de Veïns del Raval, Pep Garcia, alabando la operación y jactándose de haber proporcionado direcciones a la policía o de saber perfectamente el precio de un servicio y de una habitación, recuerda a otros momentos en que él mismo ha arremetido contra la población inmigrante. El mismo que se ha inhibido absolutamente ante la expulsión de vecinos, el acoso inmobiliario o la destrucción del patrimonio, muestra así que no está para defender a los vecinos sino para atizar los conflictos que mas daño pueden hacer al Raval.

Así, desde la Asamblea de Barrio del Raval-Xino, nos posicionamos al lado de las trabajadoras y contra los explotadores y esclavistas sexuales, y queremos defender y destacar la labor difícil y valiosa que realizan asociaciones como Genera, Licit o Ambit Dona.

Consideramos que la única solución legítima a la cuestión del trabajo sexual es el respeto a las trabajadoras y la creación de medidas que permitan el ejercicio de su actividad con plena seguridad, y abogamos por la apertura de un canal de diálogo entre los vecinos de las zonas donde se detecten molestias y las asociaciones que representan a las trabajadoras. Por otra parte, exigimos:

— La revocación de las órdenes de expulsión contra las trabajadoras detenidas el 15 de diciembre, y su regularización por razones humanitarias obvias.

— Una investigación independiente, tal y como ha reclamado la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia, que aclare el trato recibido por las mujeres en el momento de la detención y durante su estancia en los calabozos policiales, y que depure responsabilidades.

— El cese del acoso policial en las zonas donde las trabajadoras realizan su labor, y una clara distinción entre ellas y los proxenetas.

— La derogación de la ordenanza cívica como punto de partida indispensable para alcanzar un escenario libre de chantajes o abusos institucionales, y donde se den las condiciones de convivencia y respeto que exigen las trabajadoras.

Asamblea de Barrio del Raval-Xino

El Raval 28/11/2006